Miles de familias de La Coruña que han comprado su vivienda con el esfuerzo de toda una vida verán mermado su patrimonio porque miles de pisos construidos durante los 26 años de gobierno municipal socialista quedarán fuera de ordenación en la revisión del Plan de Urbanismo (PGOM). Esta medida, que cambia las alturas de los edificios ya construidos en casi todos los barrios de la ciudad, afecta negativamente a la valoración de las viviendas de miles de coruñeses que han comprado su piso de buena fe. Esta norma fue aprobada inicialmente el 1 de diciembre de 2009 por el bipartito de Losada y Tello, con el voto en contra del PP.
Ese día, el alcalde dejó fuera del ordenamiento urbanístico a edificios enteros que él mismo autorizó en el pasado, enviándolos a un limbo legal. Ahora que los pisos son propiedad de los ciudadanos pretende mermar el valor de sus viviendas, confiscar la inversión de miles de coruñeses que han dedicado toda una vida a pagar una hipoteca e impedir que sus hijos disfruten de la herencia que les puedan dejar sus padres. Y hablamos de confiscación porque mientras que en una expropiación se indemniza al afectado, en este caso no hay ningún tipo de compensación económica. Este es uno de los motivos, no el único, por el que el PP votó en contra de la revisión del Plan.
Cuando hablamos de edificios fuera de ordenación -si un solo piso lo está, lo está todo el edificio- nos estamos refiriendo a un concepto jurídico muy definido, tanto por textos legales, como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Los edificios fuera de ordenación, aunque son edificaciones legales erigidas al amparo de una ordenación urbanística anterior, contravienen lo dispuesto en el nuevo planeamiento y, por tanto, están llamados a desaparecer una vez que se extinga su vida útil. Cuando se califica un edificio como “fuera de ordenación” no sólo se afecta a su valor cuando acaba su vida útil, sino que pierde valor desde el instante mismo en que se califica como tal. Por eso el Gobierno municipal miente cuando dice que esta medida solamente afecta a estos pisos a largo plazo.
Y es que el concepto “fuera de ordenación” limita las facultades del propietario, disminuye el valor real de la propiedad y fulmina la posibilidad de obtener préstamos hipotecarios. Limita las facultades de dominio porque sólo se le permiten obras que tengan que ver con la higiene, el ornato o la mera conservación y que en ningún caso supongan más del 50% del edificio (Artículo 103 de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia). Disminuye el valor real o de mercado de los edificios fuera de ordenación, lo que puede ser utilizado en un futuro como justificación para una expropiación a menor valor, así como conllevar una pérdida de valor catastral de un 20% (Norma 14 del Real Decreto 1020/1993 del 25 de junio que regula el valor catastral del suelo). Y fulmina la posibilidad de que la vivienda pueda ofrecerse como garantía a entidades bancarias para solicitar créditos hipotecarios porque ya no representan un valor suficientemente estable y duradero (Artículo 11 del Real Decreto 716/2009 de 24 de abril por el que se regula el mercado hipotecario y financiero) con la pérdida de solvencia que ello acarrea al patrimonio de las familias afectadas.
El Partido Popular estará con todas sus fuerzas al lado de los vecinos afectados, y se unirá a aquellas acciones destinadas a corregir los despropósitos de este Plan que deja en situación dramática a miles de familias coruñesas. El gran problema añadido es la falta de información del actual Gobierno municipal a los afectados. Y esta no es una cuestión emocional, como se afirma de manera frívola desde el Ayuntamiento, ya que afecta al patrimonio y al esfuerzo hecho por miles de coruñeses para tener una vivienda. El actual alcalde dice ahora que ordenará “de oficio” que se aclare la ordenanza en cuestión. Este brindis al sol es una desvergüenza porque la palabra de Losada no tiene ya credibilidad después de haber descalificado a quienes denunciamos este auténtico expolio. Si el PP no hubiese levantado el pastel que Losada tenía preparado con esta medida que tanto PSOE como BNG votaron favorablemente, hoy no se estaría hablando de este tema.
El PP continuará con la campaña de información prevista barrio a barrio, casa a casa y vecino a vecino para advertir a los ciudadanos de la grave situación en la que quedan sus viviendas porque lo que pretende el alcalde es anestesiar a los coruñeses para que no presenten alegaciones y que semejante barbaridad pase desapercibida. Por eso es fundamental presentarlas, con fecha límite el 17 de febrero, para que Losada conozca la inquietud de los miles de afectados por su decisión. Es el momento de que el alcalde reflexione y rectifique, porque sólo cuando rectifica, acierta.
Artículo publicado en La Voz de Galicia el domingo, 31 de enero de 2010.
La semana pasada nos reunimos en Muxía, Irixoa y Coruña con los representantes locales del PP de Costa da Morte, Betanzos y el Área Metropolitana coruñesa, respectivamente, para preparar los comicios de 2011. En dichas reuniones, anunciamos la creación de un Comité Comarcal que se reunirá periódicamente y que trendrá como uno de los principales cometidos la elaboración del programa electoral, cuyo eje central serán las demandas de los vecinos y la creación de empleo, porque sabemos que, en un momento como el actual, crear puestos de empleo es la mejor política social que podemos llevar a cabo. 
